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El Gobierno postergó la suba de los impuestos a los combustibles para amortiguar el alza en los precios

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Con el objetivo de asegurar la estabilización de la economía, el Poder Ejecutivo suspendió el cobro del tributo creado por la ley 23.966 y lo prorrogó hasta abril de 2023.

Para no sumar otra variable al aumento de precios que se viene por estos tras el acuerdo con las petroleras, el Gobierno nacional dispuso prorrogar el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC).

Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 864/2022 (ver al pie), el que establece aplazar la medida hasta el 1° de abril de 2023, “con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”.

La postergación corresponde a las actualizaciones del tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021 y al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022.

CUANTO DEBERÍAN HABER SUBIDO

Según lo analizado por el licenciado en administración y especialista, Cristian Bergmann, el ajuste pendiente de ambos gravámenes, totaliza 71,1 por ciento (18,8 por ciento para el período del 2021 y 52,3 puntos porcentuales para los primeros nueve meses del año en curso), considerando la inflación registrada en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.

De haberse aplicado, e incluyendo el aumento del 4 por ciento asentado por el programa Precios Justos, el incremento debió ser de 18 puntos porcentuales para las naftas y 11 por ciento para el gasoil, tomando en cuenta el valor de venta actual de la nafta súper y gasoil grado 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Las estaciones de servicio amenazan con dejar de aceptar los pagos con tarjeta

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Sería en todo el país. Dicen que les reintegran los importes con hasta 15 días de demora y que las comisiones son altas. Reclamo por altos costos operativos y márgenes rotos.

Justo en la semana que arrancan distintos movimientos por el país por las Fiestas y que coincide con la temporada alta de ventas, las estaciones de servicio de todo el país advirtieron que podrían dejar de aceptar pagos con tarjetas de crédito.

La cámara sectorial aduce una baja rentabilidad.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) reclama establecer un plazo de 48 horas para el pago de la acreditación y reducir a más de la mitad el porcentaje de las comisiones fijadas por las compañías emisoras de los plásticos.

En un comunicado, señalaron que hubo “sucesivos reclamos y un fallo judicial de por medio a favor”.

Así las cosas, piden revisar la comisión que cobran por las ventas operadas en los puntos de carga, donde junto con los impuestos oscilan entre el 1,5 y el 1,8%, mientras que en los países limítrofes es del 0,5 %.

También recuerdan que el plazo de pago de las emisoras sea dentro de las 48 horas, tal como sucede en los países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay.

A mitad de noviembre, las estaciones de servicio obtuvieron un fallo judicial favorable en primera instancia en la provincia de Santa Fe, logrado por la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI), una de las principales cámaras integrantes de CECHA.

Ese fallo de la Justicia provincial ordenó la reducción del arancel a 0,5% y el reintegro a tres días.

“En un país inflacionario como la Argentina, claramente es incomprensible que se acredite recién a los 10 días, que en la mayoría de los casos termina siendo en 15”, se quejaron los estacioneros.

Los reclamos por la baja rentabilidad vienen desde hace rato también con las petroleras.

Los estacioneros dicen que tiene que enfrentar costos salariales y ahora el bono de $ 24.000 y que sus porcentajes abonados por las petroleras son “escasos” y los márgenes “están rotos”.

Según expresaron en el comunicado conocido el último sábado, “a las actuales condiciones financieras, se suman las negociaciones paritarias y los altos costos de operación, lo que ponen en riesgo la subsistencia de numerosas estaciones en la Argentina”, expresaron.

Y ampliaron: “Hoy estamos al borde de una situación insostenible que puede transformarse en irreversible para casi el 50% de las estaciones cuyas ventas se encuentran debajo de su punto de equilibrio”.

De paso le reclaman a los legisladores la modificación de la Ley de tarjetas para establecer como tope el 0,5% del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzcan a 48 o 72 horas.

“Sin tener posibilidades de solución inmediata, nos vemos obligados lamentablemente a dejar de vender combustibles con tarjetas de crédito”, advirtieron.

Las estaciones de servicio obtienen una ganancia bruta del 8%, que limpia de impuestos queda en un 2,5% neto. De este sector dependen unas 60.000 familias.

Apenas asumió Flavia Royón como secretaria de Energía, el último septiembre, Pedro Llorvandi el secretario de la Cámara sectorial le planteó el problema que padece el sector.

“El descalce de renta y costos de las Estaciones de Servicio es cada vez más profundo. De acuerdo a los cálculos de los técnicos de la confederación, basados en números oficiales, es muy posible que al terminar el año 2022 hayan cerrado las puertas alrededor de 400 bocas de expendio que hoy no pueden sostenerse”.