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Tras meses sin acuerdo, Estaciones de Servicio formalizan escalas salariales

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La paritaria define aumentos acumulados, ordena el pago de retroactivos y aclara el tratamiento de las sumas ya abonadas por las empresas, con impacto directo en los adicionales y en el haber final de cada trabajador.

El sector de las Estaciones de Servicio cerró un nuevo acuerdo salarial que ordena la aplicación de los aumentos acordados en los últimos meses. El entendimiento fija reglas claras sobre cómo deben liquidarse, establece plazos concretos y contempla las distintas situaciones que se dieron en las empresas desde julio hasta noviembre.

Entre los principales puntos del acuerdo se destaca que la actualización comprende al período julio y enero 2026. Además, se determinó que el 19 de diciembre será la fecha límite para que las empresas regularicen todos los pagos pendientes, tanto en concepto de retroactivos como de diferencias mal liquidadas.

Cabe recordar que la medida fue adoptada después de que el sindicato rechazara retomar las negociaciones desde la última revisión acordada en marzo de 2025, si antes no se actualizaban los convenios colectivos. Al respecto, los estacioneros venían alertando sobre el impacto negativo que la ausencia de recomposiciones salariales tenía en el clima laboral y en la estructura de costos.

El acuerdo, suscripto por CECHA y FECRA con el SOESGyPE, distingue entre los trabajadores que no percibieron ningún ajuste durante esos meses y aquellos que sí cobraron sumas parciales, ya sea como pagos no remunerativos o a cuenta de futuros incrementos. En el primer caso, las empresas deberán abonar la totalidad del retroactivo acumulado en un solo pagoEn el segundo, se deberán recalcular los haberes para aplicar correctamente los porcentajes sobre el salario básico y los adicionales, generando también un retroactivo a favor del empleado.

Este punto resulta clave, ya que muchos de los conceptos salariales que integran el recibo, como antigüedad, presentismo u otros adicionales convencionales, dependen del básico. Cualquier aumento mal aplicado o postergado impacta directamente en esos ítems, por lo que el acuerdo obliga a revisar liquidaciones de varios meses para corregir distorsiones.

Desde el punto de vista gremial, el entendimiento busca cerrar una etapa de incertidumbre y de criterios dispares en la aplicación de los aumentos. La fijación de una fecha concreta pretende evitar nuevas demoras y asegurar que todos los trabajadores del sector lleguen a fin de año con sus salarios actualizados y en igualdad de condiciones.

En ese marco, el secretario general adjunto del sindicato de empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña (h), explicó a Surtidores el alcance práctico del acuerdo y cómo deberá implementarse en cada empresa. Según señaló, “lo que se establece es que el día diecinueve de diciembre, como fecha límite, aquellas empresas que no pagaron o que no fueron pagando los aumentos correspondientes a cada mes, lo hagan”.

Acuña remarcó que el trabajador que no cobró ningún incremento tendrá la posibilidad de percibir el 19 de diciembre todo el retroactivo acumulado. En tanto, quienes recibieron pagos a cuenta de futuros aumentos deberán cobrar las diferencias que surjan de la correcta aplicación de los porcentajes, especialmente sobre los adicionales. “Con lo cual también van a tener retroactivo de todos esos meses, de julio a noviembre”, precisó.

El dirigente sindical detalló que, si se toma el período completo, el aumento determinado ronda el 17 por ciento, al que se suma el incremento del 5,9 por ciento correspondiente a noviembre. “Tenemos varias situaciones: el que cobró como no remunerativo o a cuenta de futuros aumentos tendrá que cobrar las diferencias, y el que no cobró nada deberá recibir todo el retroactivo”, resumió.


Reunión en CECHA: empresarios analizaron el presente del sector y definieron los ejes para 2026

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Empresarios de Estaciones de Servicio de diversas provincias intercambiaron diagnósticos sobre la estructura de comisiones, la transición energética y las posibilidades de ampliación de la oferta de GNC.

Dirigentes de todo el país se reunieron en  un encuentro que buscó ordenar la agenda del sector para lo que resta de 2025 y anticipar los principales desafíos que llegarán en 2026. La jornada convocó a representantes de cámaras empresarias y puso de relieve un escenario sectorial atravesado por tensiones económicas, regulaciones en revisión y un proceso de transición energética que obliga a repensar el rol de las Estaciones de Servicio.

Antes de iniciar la reunión general,  mantuvieron un largo encuentro con los diputados electos vinculados al sector, todos pertenecientes a La Libertad Avanza: Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, Alfredo González y Lisandro Almirón. La conversación se centró en el rol de la electromovilidad, su futuro marco regulatorio, la legislación que ordenará  el papel que ocuparán las Estaciones de Servicio dentro de ese proceso que avanza de forma gradual pero sostenida.

Los operadores plantearon la necesidad de que esa agenda legislativa contemple a las Estaciones de Servicio como actor central, en un contexto donde el sector debe prepararse para convivir con nuevas energías y adaptarse a los cambios tecnológicos. Para muchos de los presentes, la transición energética exige anticipación y una legislación clara que permita sostener la actividad.

Superada la instancia política, la reunión avanzó hacia uno de los temas más sensibles para los estacioneros: la rentabilidad. La relación con las petroleras, el esquema de comisiones y el incremento sostenido de los costos operativos volvieron a ocupar el centro del debate. En este punto, las cámaras coincidieron en que la ecuación económica-financiera  del sector está cada vez más presionada, en un momento donde la demanda se muestra relativamente estable pero los márgenes continúan comprimidos.

Uno de los factores que más preocupa es el crecimiento exponencial del uso de billeteras electrónicas y tarjetas, herramientas que facilitan las transacciones pero trasladan a los operadores costos financieros y operativos que, a juicio de los estacioneros, resultan difíciles de absorber. Isabelino Rodríguez, presidente de CECHA, alertó que el dinero en efectivo  representa como mucho entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de las ventas de una Estación de Servicio. “El resto pasa por plataformas electrónicas que generan un costo financiero y operativo creciente que termina debilitando nuestra rentabilidad. No hay correspondencia entre lo que percibimos por comisiones  y nuestros costos”, sostuvo

La agenda del día también incluyó una reunión técnica con el Banco Nación, donde se analizaron líneas de financiamiento destinadas a la instalación de equipos e infraestructura para GNC. El objetivo es potenciar un combustible que sigue siendo competitivo para el usuario y representa una alternativa rentable para muchas estaciones que buscan diversificar su oferta. Además, los participantes realizaron un repaso de las conclusiones surgidas de la reciente cumbre de la CLAEC en Perú, donde se abordaron tendencias regionales en materia de comercialización, movilidad y transición energética.

Pensando en 2026, Rodríguez planteó que será imprescindible avanzar en cuatro frentes decisivos. El primero será recomponer los niveles de rentabilidad, a partir de un esquema de diálogo más dinámico y creativo con las petroleras que permita ordenar márgenes y redefinir las condiciones comerciales del sector.

El segundo eje estará centrado en una negociación conjunta —con petroleras incluidas— frente a los actores tecnológicos y financieros, para reducir los costos asociados a las transacciones electrónicas, que hoy afectan de manera directa la utilidad de los operadores.

Como tercer frente, Rodríguez mencionó la necesidad de ganar competitividad mediante una baja sostenida de los gastos operativos, entre ellos el eléctrico, aprovechando la capilaridad y la potencia del entramado asociativo para optimizar recursos.

Finalmente, subrayó la importancia de consolidar legislativamente el rol de las Estaciones de Servicio en la transición energética, tanto en la expansión del GNC como, especialmente, en el avance de la electromovilidad y las nuevas formas de abastecimiento.

Apoyamos decididamente  la liberalización del mercado, y la política energética implementada. Pero lo cierto que hasta ahora, su aplicación  no se tradujo en mejoras concretas para nuestros negocios. Auguramos que este escenario se revierta en el mediano plazo y trabajaremos proactivamente para ello”, concluyó.


El sector del GNC pide reglas estables para no perder la oportunidad

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Empresarios, industriales y representantes del sector energético coincidieron en que el combustible atraviesa un punto de inflexión: tecnología madura, disponibilidad creciente y un marco normativo en plena revisión. Pero advierten que para dar el salto hacia la masificación hace falta previsibilidad, infraestructura y políticas estables.

El Primer Foro Nacional de GNC dejó expuesta una idea que atravesó todas las mesas: después de cuatro décadas de desarrollo, el gas natural comprimido está ante una oportunidad que no debe desaprovecharse. Si bien el mercado del liviano marcó el ritmo histórico del sector, el transporte pesado —camiones y buses— emerge como la verdadera frontera de expansión, impulsado por la competitividad del combustible, el potencial de Vaca Muerta y la evolución tecnológica de los motores dedicados.

Luis Navas, titular de la consultora Contegas, abrió el debate con una reflexión que invitó a mirar hacia atrás para no repetir errores. Recordó los ciclos de políticas contradictorias que a lo largo de los años frenaron o directamente clausuraron proyectos de movilidad a gas, desde los subsidios al gasoil en los ‘90 hasta visiones más recientes que relegaron al GNC en la agenda energética. “Lo que necesitamos es continuidad”, afirmó. Y enumeró cuatro pilares para el crecimiento del transporte pesado: precio competitivo, disponibilidad de gas, tecnología consolidada y expansión de los corredores azules y verdes a lo largo del país.

La ecuación económica, hoy favorable, fue uno de los puntos centrales. En la actualidad, el GNC cuesta alrededor del 50 por ciento del valor de la nafta grado 3. Esa diferencia permite a las empresas mejorar sus costos operativos, incluso considerando que los vehículos con motorización dedicada son entre un 20 por ciento y un 30 por ciento más caros. “El empresario puede recuperar la inversión, pero necesita previsibilidad”, insistió.

Ignacio Armendáriz, Director Comercial de Agrale, aportó la mirada desde el transporte público. La automotriz lleva más de una década desarrollando buses a gas y ya cuenta con unidades con más de 100.000 kilómetros. Según detalló, las experiencias son contundentes: menos ruido, menor tasa de fallas y un ahorro operativo cercano al 50 por ciento. A modo de ejemplo, estimó que si toda la flota de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires funcionara a GNC, el ahorro anual superaría los 200 millones de dólares. Sin embargo, marcó un obstáculo crítico: la capacidad de abastecimiento. “Hoy una estación promedio podría cargar apenas 20 colectivos. Una empresa chica tiene 80 o 100 unidades. Para incorporar la tecnología se necesita que la estación pueda abastecer rápido y que el colectivo pueda entrar y maniobrar”, manifestó.

Allí entró en juego la perspectiva de los expendedores. Juan Manuel Rumín, en representación de CECHA, señaló que el sector trabajó durante años bajo esquemas diseñados para vehículos livianos y que la reconversión implica inversiones significativas: nuevos surtidores de alto caudal, mayor capacidad de almacenamiento y, en muchos casos, modificaciones estructurales de las playas. Aun así, destacó que las estaciones que lograron adaptarse ya exhiben mejoras considerables en volumen y rentabilidad. “La carga de un solo camión equivale al despacho de 15 vehículos livianos. Eso permite compensar la caída del mercado general y abrir un segmento que históricamente no estaba vinculado al GNC”, sostuvo.

La normativa en revisión —especialmente las modificaciones a la Resolución 419/420— ocupó un lugar central. La eliminación de exigencias de habilitación federal y nuevas pautas para la adecuación municipal generan alivio en un sector que pedía reglas claras y adaptadas a la realidad operativa. “Las correcciones fueron necesarias. No se puede exigir a una estación de barrio requisitos imposibles para recibir camiones. La norma debe acompañar el crecimiento, no frenarlo”, enfatizó.

Navas también insistió en que la “confianza legítima”, un concepto tomado de la regulación alemana, es clave para atraer inversiones. Y advirtió que sin políticas estables que aseguren la diferencia de precios frente al gasoil, el mercado no avanzará. Actualmente existen 830 camiones a GNC en circulación, una cifra que crecerá, pero de manera gradual. “No podemos esperar un boom inmediato. La transición es progresiva, pero requiere señales claras”, dijo.

El panel coincidió en que el cuello de botella no es uno solo, sino la convergencia de múltiples factores: precios del gas en boca de pozo, tarifas eléctricas, disponibilidad de vehículos dedicados, capacidad de las estaciones y estabilidad regulatoria. También se destacó que la movilidad cambió tras la pandemia, con una demanda diferente y un mercado automotor más fragmentado, lo que exige nuevas estrategias de abastecimiento y planificación de rutas.

De cara al futuro, Armendáriz adelantó que Agrale planea incorporar motores a GNC en su línea de camiones livianos y avanzar en soluciones de telemetría que permitan conocer en tiempo real los consumos, autonomías y tiempos de carga. “El pequeño transportista va a valorar mucho poder ahorrar combustible y gestionar mejor su vehículo”, afirmó.

El Foro concluyó con una idea compartida entre todos los participantes: el GNC cuenta con una oportunidad histórica. El país tiene el recurso, la tecnología, la experiencia y un sector privado dispuesto a invertir. Pero para que la masificación del transporte pesado sea una realidad, se necesita un ecosistema completo: normas actualizadas, estaciones preparadas, vehículos disponibles y un horizonte previsible. El desafío es enorme, pero también lo es el potencial de transformar la matriz energética del transporte argentino.